La Procuraduría General de la Nación pidió este viernes claridad a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sobre la medida de suspensión de  actividades interpuesta al proyecto "Operación del Muelle 13 de Buenaventura".

Lea aquí: Nueva EPS y Colsubsidio normalizan entrega de medicamentos en 11 departamentos

El ente de control realizó una visita administrativa a las instalaciones de la autoridad ambiental para verificar las motivaciones que condujeron a la suspensión y la competencia de la Anla ante la misma bajo la Resolución 00004 del 2 de enero de 2025.

En medio de la diligencia, el procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, y el procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, requirieron información sobre el hecho.

El ente control manifestó su preocupación por “la ausencia de un expediente completo con todos los documentos que justifican la medida preventiva adoptada por la Anla, la falta de certeza sobre la totalidad de documentos aportados por la EPA Buenaventura, así como de los requerimientos realizados al concesionario, Grupo Portuario S.A., respecto al cumplimiento de los instrumentos de manejo ambiental”.

Se solicitó toda la información pertinente y se anunció que realizará una visita técnica y administrativa tanto a la EPA Buenaventura como al puerto para verificar las condiciones actuales de operación del Muelle 13, así como su intervención en el procedimiento administrativo.

Le puede interesar: Aumento en exportaciones un 13.5 % e importaciones un 12% reporta Asoportuaria

“Estamos valorando si hubo irregularidades en las actuaciones administrativas que llevaron a una decisión tan drástica como la suspensión de actividades del muelle. Nuestro interés es salvaguardar la continuidad del servicio público portuario mientras se garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental”, afirmó el Procurador Delegado, Gustavo Guerrero.

Finalmente, el Ministerio Público sostuvo que continuará con la vigilancia preventiva para “proteger el interés público y evitar posibles afectaciones en proyectos de alto impacto ambiental y económico”.

“Dicha función no implica interferir en las decisiones de las entidades públicas, pero sí garantizar que se sigan los procesos establecidos por la ley”, apuntó la Procuraduría.

Por su parte, la Anla ratificó que tiene competencia ambiental en la operación del Muelle 13 de Buenaventura al tratarse de un puerto de gran calado,  de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

"Según esta norma, los puertos de gran calado movilizan más de 1.500.000 toneladas al año y permiten el atraque de embarcaciones iguales o superiores a 27 pies. En virtud de esta clasificación, y conforme al artículo 2.2.2.3.2.2 del mismo decreto, la Anla tiene competencia exclusiva para otorgar licencias ambientales relacionadas con la operación de estos muelles", apuntó la autoridad ambiental.